Nación no deberá reparar a exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila por privación de su libertad en caso de supuesta extorsión: Consejo de Estado.
El Consejo de Estado revocó el fallo por el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había condenado a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a reparar al exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila Sierra, por haberlo privado de su libertad.
El Alto Tribunal tumbó lamillonaria indemnización concedida en favor del exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila Sierra, luego de haber sido detenido por la Fiscalía en 2007 en medio de una investigación por enriquecimiento ilícitto.
Al exdirigente se le había impuesto medida privativa de la libertad el 26 de diciembre del 2007, por decisión de la Fiscalía General de la Nación, que lo investigaba como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito.
Se le señalaba de haber incurrido en actos de extorsión para obtener derechos sobre el terreno y las actividades mineras que se adelantaban en las islas del Sol y del Amor en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).
El demandante – Pablo Ardila- fue acusado del delito de extorsión, en concurso material homogéneo y sucesivo, pero fue absuelto por un Juzgado del Circuito Especializado de Cundinamarca el 11 de noviembre del 2011, decisión que fue confirmada cinco meses después por el Tribunal Superior de Cundinamarca.
Tras esta decisión, el exgobernador interpuso esta demanda de reparación directa, al considerar que se le había causado un daño que no estaba en el deber de soportar, consistente en la privación injusta de la libertad.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagarle al accionante y a sus familiares 300 salarios mínimos mensuales vigentes, por daños morales, y más de 43 millones de pesos, por daños materiales, generados con la detención injusta de la que, a su juicio, fue víctima el exdirigente. Para esa corporación, la decisión de la justicia penal de absolverlo por falta de pruebas acreditaba la responsabilidad estatal en la producción del daño.
Las entidades demandas presentaron recurso de apelación, con la intención de que el Consejo de Estado las absolviera. La Fiscalía sostuvo que la medida de aseguramiento se basó en indicios de graves de responsabilidad del imputado y la Rama Judicial advirtió que la demora en el fallo obedeció a las circunstancias de congestión y conflictividad a las que se debe enfrentar la judicatura en Colombia. Por su parte, la parte actora también apeló la decisión, con la intención de que se incrementara el monto de la reparación.
Tras revocar el fallo condenatorio, el Consejo de Estado explicó que las entidades demandadas no incurrieron en acción u omisión que las hiciera responsables del deber de reparar el alegado daño. Sostuvo que la medida privativa de la libertad se ajustó a la legislación penal de la época, que exigía la existencia de al menos dos indicios graves de responsabilidad por parte del indiciado, para proferir ese tipo de decisiones.
Ante los testimonios de varios areneros, que señalaban al exgobernador de presionarlos para vender sus derechos de explotación minera, y la presunta coparticipación del indiciado en actos de intimidación protagonizados por sus escoltas y maquinaria pesada que había destruido cultivos en la Isla del Amor, el Consejo de Estado consideró que la privación de la libertad no fue injusta, sino que tenía una justificación amparada por la ley.
Además, la corporación judicial determinó que no se ocasionó ningún daño antijurídico derivado de la captura ni del tiempo que empleó la justicia penal en emitir un veredicto sobre el caso.
Es de recordar que Pablo Ardila Sierra se desempeñó como Gobernador de Cundinamarca, entre 2004 y 2007; así mismo, fue Representante a la Cámara por el mismo departamento entre 1998 y 2002.
Afiliado al Partido Liberal, en la Cámara fue miembro de la Comisión Primera de Acusaciones. Estando en ese cargo, fue arrestado por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, después de que como miembro de la Comisión de Investigación y Acusación citara a los magistrados que investigaron a los congresistas que absolvieron al presidente Ernesto Samper Pizano en 1996, en el marco del proceso 8.000. También fue investigado por sus negocios con el senador investigado Carlos Alonso Lucio.
En 2000 fue precandidato del Partido Liberal a la Gobernación de Cundinamarca; si bien no tuvo éxito en su aspiración, su mediática y ostentosa campaña, que inundó de publicidad suya el departamento lo llevó a la fama local.
En las elecciones regionales de Colombia de 2003 resultó elegido Gobernador de Cundinamarca por la coalición Cundinamarca Merece Más, siendo el primer gobernador de Cundinamarca tras el Acto Legislativo 02 de 2002, que extendió el mandato de los gobernadores, electos por voto popular, a 4 años.
Siendo Gobernador fue constantemente criticado por el periódico El Tiempo, que constantemente lo acusaba de incompetente y corrupto, a lo que se defendió diciendo que las acusaciones eran producto de «la envidia de El Tiempo a El Espacio».
También siendo Gobernador, se inscribió al Safari Club International. En 2007 saltó a la fama nacional cuando la revista Don Juan publicó una crónica en la que se exponía su ostentoso estilo de vida, incluida su mansión en la cual poseía una gran cantidad de premios de caza.
Tras terminar su mandato como gobernador, en 2007 fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema por relaciones con paramilitares, que habrían respaldado su campaña a Gobernador, esto en el marco del escándalo de la parapolítica.
Su arresto por acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito se dieron en el marco de la investigación que se centraba en que 38 areneros y 2 pescadores del sur de Cundinamarca habrían sido presionados para que vendieran su título de explotación minera y algunos terrenos a la Gobernación, los cuales terminaron en manos de una empresa afín a Ardila.
En 2010, tras ser liberado y absuelto, salió de Colombia y se estableció en España. En 2016 fue ordenada una indemnizado por $250 millones por un Tribunal de Cundinamarca, que ordenó que esa suma fuera pagada por la Fiscalía General de la Nación a Ardila por haber sido detenido en 2007.
El 5 de mayo de 2021 fue arrestado en Barcelona, por la Policía Nacional de España, acusado de «abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, medio ambiente y seguridad vial y trata de personas», finalmente el 16 de diciembre del mismo año fue dejado en libertad junto a su esposa, luego que pagarán una fianza de cinco millones de euros. La operación fue apoyada por la Policía Nacional de Colombia.
