Una explosión y los enfrentamientos entre el Ejército y un grupo armado obligaron a docentes a activar un punto humanitario previamente acordado para proteger a los estudiantes.
Momentos de tensión vivieron estudiantes y docentes de una institución educativa ubicada en el corregimiento de Timba, jurisdicción de Jamundí, Valle del Cauca, en medio de los intensos enfrentamientos que se registran en esta zona del sur del departamento.
De acuerdo con la información conocida sobre la emergencia, una explosión se produjo mientras se desarrollaban combates entre unidades del Ejército Nacional y disidentes de las Farc que tienen presencia en este sector limítrofe con el departamento del Cauca.
Ante el riesgo para los menores, los profesores impartieron instrucciones para evacuar los salones de clases y dirigirse hacia un punto humanitario establecido previamente como sitio de protección para la comunidad educativa.
En medio de la situación, algunos niños tuvieron que salir de los salones gateando, siguiendo las indicaciones de sus docentes para desplazarse con mayor precaución mientras se escuchaban las detonaciones producto de los enfrentamientos.
La escena refleja nuevamente el impacto que la confrontación armada está generando sobre las comunidades que habitan zonas rurales y corregimientos ubicados en el corredor entre el Cauca y el sur del Valle del Cauca, donde la presencia de grupos armados y las operaciones de la Fuerza Pública han incrementado las situaciones de riesgo para la población civil.
La prioridad durante la emergencia fue poner a salvo a los estudiantes y trasladarlos al punto humanitario acordado, mientras continuaban las acciones de seguridad en la zona.
Por ahora, se espera información oficial que permita establecer con precisión las circunstancias de la explosión, la duración de los enfrentamientos y si se presentaron personas heridas o daños en la infraestructura educativa.
La situación vuelve a generar preocupación entre las comunidades de Timba, especialmente por la exposición de niños, docentes y familias a hechos derivados de la confrontación armada. Autoridades civiles y organismos de seguridad deberán determinar las condiciones para garantizar el retorno seguro de las actividades educativas.
