La Defensora aclaró que sus cuestionamientos no desconocen los lineamientos operativos de las Fuerzas Militares, sino la narrativa utilizada para comunicar los resultados.
La polémica por la exhibición de los cadáveres de 23 presuntos miembros de disidencias de las Farc, tras un operativo militar en el Guaviare, sigue escalando. Esta vez, la crítica provino de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien cuestionó duramente al presidente Abelardo de la Espriella por la forma en que su gobierno presentó los cuerpos —envueltos en bolsas blancas— ante la opinión pública.
En un video emitido por el Ministerio de Defensa, el mandatario aparece caminando entre los cuerpos sin vida, una imagen que desató un intenso debate nacional. Marín Ortiz señaló que, si bien las bajas en el marco del conflicto no son un episodio nuevo, el Estado debe administrar justicia sin recurrir a prácticas que deshumanicen o erosionen su propia legitimidad.
“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, manifestó la funcionaria.
Marín advirtió sobre el riesgo de que la confrontación se convierta en una espiral de crueldad entre el Estado y los grupos armados, en la que la sociedad colombiana sería la principal perjudicada. “El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”, sostuvo.
La Defensora aclaró que sus cuestionamientos no desconocen los lineamientos operativos de las Fuerzas Militares, sino la narrativa utilizada para comunicar los resultados. En su pronunciamiento, citó la Constitución y el derecho internacional humanitario para reiterar que el deber del Estado es proteger a la población y combatir a los grupos armados dentro del marco legal, priorizando siempre el derecho a la vida.
En ese sentido, arremetió contra la reciente habilitación de un portal web gubernamental que contabiliza los milicianos abatidos durante el actual mandato. “Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico”, indicó.
Por ello, Marín Ortiz hizo un llamado al Ejecutivo para que los indicadores de seguridad se enfoquen en las vidas salvadas y los derechos garantizados, evitando repetir errores históricos como las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. “La humanidad aprendió, después de guerras y violencias extremas, que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recalcó.
La funcionaria rechazó además la normalización de la muerte como recurso escénico: “No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”.
En su conclusión, Marín resaltó que la autoridad estatal no se fortalece a través del miedo, sino de la confianza y la preservación de la dignidad humana. “El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y, sobre todo, la humanidad”, sentenció.
El operativo
La acción, denominada ‘Operación Azarías’, se desarrolló el 30 de agosto de 2026 en Miraflores, Guaviare, en un golpe contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, estructura al mando de alias Iván Mordisco.
El balance oficial fue de 23 muertos y seis capturados, así como la recuperación de dos menores de edad que quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Entre los abatidos figura alias Tigre o Pintado, señalado por el presidente como cabecilla del frente mencionado, siendo uno de los hombres de confianza del jefe del Estado Mayor Central (EMC).
Igualmente, la fuerza pública logró la incautación de 28 fusiles, cuatro ametralladoras y tres pistolas, además de explosivos y material de guerra.
