Las autoridades del municipio adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario en las últimas horas. Por ahora, no se conocen detalles del paradero.
La incertidumbre y el temor continúan creciendo en el municipio de López de Micay, en la costa pacífica del Cauca, donde las autoridades mantienen la búsqueda de ocho habitantes del corregimiento de San Antonio que permanecen desaparecidos luego de una incursión armada registrada el pasado viernes 3 de julio. La situación se ha agravado en los últimos días con el desplazamiento masivo de decenas de familias, tras la circulación de panfletos amenazantes dirigidos contra la población de esa zona rural.
Las personas cuyo paradero aún se desconoce son Orlando Sánchez Gutiérrez, Dagoberto Antonio Caldera, Uver Riascos, Yeferson Jesús Ramos Alomia, Milton Manuel Montes, Andrés Riascos Cuero, Daniel y Keila del Pilar Reyes Caicedo. Entre las víctimas se encuentra una mujer. Todos son habitantes del corregimiento de San Antonio y, según las autoridades municipales, se desempeñan como agricultores y mineros artesanales vinculados al Consejo Comunitario San José.
De acuerdo con la información recopilada por la administración municipal, hombres armados llegaron al sector hacia las 5:00 de la tarde del viernes 3 de julio haciéndose pasar, presuntamente, como integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante la incursión obligaron a numerosos pobladores a salir de sus viviendas y saquearon tiendas y establecimientos comerciales, de donde se llevaron alimentos, víveres y otros enseres pertenecientes a la comunidad.
Según el reporte oficial, alrededor de 40 personas fueron obligadas a cargar los elementos hurtados mientras los hombres armados abandonaban el corregimiento. Sin embargo, únicamente 32 lograron regresar durante la madrugada del sábado 4 de julio. Desde entonces, las ocho personas restantes permanecen desaparecidas, sin que hasta el momento exista información confirmada sobre su ubicación o estado de salud.
Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía de López de Micay convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario con la participación de representantes de la Fuerza Pública, autoridades del Consejo Comunitario San José y líderes del corregimiento de San Antonio. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones institucionales que permitan avanzar en las investigaciones y establecer mecanismos de búsqueda para localizar a las víctimas.
Wilmer Riascos, asesor de Paz del municipio, confirmó que las labores de verificación continúan, aunque hasta la mañana del miércoles 8 de julio las autoridades no contaban con información nueva que permitiera establecer el paradero de las ocho personas desaparecidas.
«Por el momento no tenemos información adicional sobre las personas que aún permanecen desaparecidas. Continuamos realizando todas las gestiones institucionales para apoyar la búsqueda y esperamos que puedan regresar con vida a sus hogares», indicó el funcionario.
Mientras avanzan las investigaciones sobre este caso, otra situación incrementó la preocupación entre los habitantes del municipio. En las últimas horas comenzaron a circular panfletos intimidatorios dirigidos contra la población del corregimiento de San Antonio, así como contra residentes de la cabecera municipal de López de Micay y del corregimiento de Suárez.
La difusión de estos mensajes provocó un desplazamiento masivo de familias que decidieron abandonar sus viviendas por temor a posibles acciones armadas. El alcalde de López de Micay, Jhon Harold García Riascos, confirmó que la administración municipal declaró oficialmente la situación de desplazamiento forzado debido al número de personas afectadas.
«Nos llegaron unos panfletos donde se hacen pasar por este grupo armado y amenazan a la comunidad del corregimiento de San Antonio, así como a habitantes de la cabecera municipal y del corregimiento de Suárez», explicó el mandatario.
Según el balance entregado por la Alcaldía, aproximadamente 75 familias, equivalentes a unas 250 personas, abandonaron sus hogares. Algunas se refugiaron en la cabecera municipal de López de Micay, mientras que otras optaron por trasladarse hacia las ciudades de Cali y Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, buscando protección ante el riesgo de nuevos hechos de violencia.
El alcalde señaló que la declaratoria de desplazamiento masivo permitirá activar la ruta institucional de atención a las víctimas, gestionar ayudas humanitarias y coordinar el acompañamiento de entidades departamentales y nacionales para atender las necesidades de las familias afectadas.
La crisis humanitaria ocurre en medio del complejo panorama de orden público que enfrenta el litoral pacífico caucano, una región donde históricamente han tenido presencia distintos grupos armados ilegales que disputan corredores estratégicos para economías ilícitas y el control territorial.
Aunque los responsables de la incursión se identificaron como integrantes del ELN, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer con precisión quiénes ejecutaron los hechos y esclarecer las circunstancias de la desaparición de las ocho personas.
Entretanto, desde la Gobernación del Cauca y organismos de seguridad se anunció la realización de un Consejo de Seguridad en Popayán para evaluar la situación y definir nuevas acciones que permitan fortalecer la presencia institucional en López de Micay, avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y brindar garantías de seguridad a las comunidades que hoy permanecen afectadas por esta nueva emergencia humanitaria en el litoral pacífico caucano.
