Las comunidades campesinas piden que las autoridades comptentes investigen la presunta responsabilidad de la fuerza pública en la muerte de un civil en medio de esta protesta en el Cañón del Micay.
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano «Francisco Isaías Cifuentes» denunció un presunto caso de violación a los derechos humanos ocurrido en el sector de El Filo, ubicado en los límites entre los municipios de Argelia y El Tambo, Cauca, donde, según la organización, un operativo militar habría dejado una persona muerta, tres heridas y otras tres retenidas.
A través de un comunicado divulgado este 17 de julio, la organización aseguró que los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, cuando un grupo de civiles llegó hasta el lugar donde se encontraban tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, adscritas a la Tercera División del Ejército Nacional, con el propósito de dialogar con los uniformados debido, según la denuncia, a presuntas afectaciones ocasionadas por operaciones militares desarrolladas en la zona.
La Red sostuvo que, en circunstancias que consideró deben ser investigadas por las autoridades competentes, militares habrían accionado sus armas de fuego contra los civiles. De acuerdo con el comunicado, el hecho dejó presuntamente una persona fallecida, tres lesionadas por impactos de fusil y otras tres retenidas por las tropas.
La organización también manifestó su preocupación porque, aunque el Ejército informó que los heridos fueron evacuados vía aérea para recibir atención médica en Popayán y que cinco personas serían puestas a disposición de las autoridades judiciales, hasta el momento —según la denuncia— se desconoce el estado de salud de los lesionados, la confirmación oficial del fallecimiento reportado y el paradero de las personas retenidas.
En el documento, la Red de Derechos Humanos rechazó lo ocurrido y solicitó a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, establecer eventuales responsabilidades y garantizar los derechos de las presuntas víctimas.
Finalmente, la organización hizo un llamado al Estado colombiano para que se respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en las operaciones desarrolladas en el Cañón del Micay, así como para que se adopten medidas de protección para las comunidades y los defensores de derechos humanos que permanecen en esta región del departamento del Cauca.
La versión del Ejército
Frente a estos hechos, el Ejército Nacional entregó una versión distinta de lo ocurrido. La institución informó que en el sector de El Filo se presentó una asonada contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4, en desarrollo de la Operación Perseo, luego de que cerca de mil personas, presuntamente constreñidas por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, intentaran impedir las operaciones militares en la zona.
Según el comunicado oficial, durante la confrontación cuatro personas habrían agredido directamente a los uniformados, intentando arrebatarles el armamento de dotación y activar artefactos explosivos. El Ejército aseguró que los soldados actuaron conforme a los protocolos sobre el uso de la fuerza y que, como resultado de la situación, las cuatro personas resultaron heridas, recibieron primeros auxilios y posteriormente fueron evacuadas en helicóptero hacia Popayán para recibir atención médica.
La institución agregó que cinco personas fueron trasladadas para ser judicializadas por los presuntos delitos de asonada y otras conductas punibles. Además, confirmó la aprehensión de un menor de edad, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.
Mientras la Red de Derechos Humanos insiste en que los hechos deben ser investigados como una posible vulneración a los derechos humanos de la población civil, el Ejército sostiene que sus tropas respondieron a una agresión durante una asonada promovida por integrantes de un grupo armado ilegal. Hasta el momento, las autoridades competentes no han entregado conclusiones sobre lo sucedido, por lo que el caso continúa en proceso de verificación e investigación.
