Según versiones preliminares, varios policías fueron atacados por sorpresa, cobrando la vida de la docente al quedar atrapada en este hostigamiento. Denuncian que policías dispararon contra la camioneta que movilizaba a la víctima.
El domingo 19 de abril en la tarde, el municipio de Saravena, ubicado en el departamento de Arauca, vivió una grave situación derivada del conflicto armado que afecta a la región. En el barrio La Esperanza, zona del casco urbano, un ataque con explosivos perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra integrantes de las fuerzas militares dejó como saldo ocho policías heridos. Estos fueron trasladados de inmediato al Hospital de Sarare para recibir atención médica especializada.
Sin embargo, la tragedia no terminó allí. Según el Personero Municipal José Luis Lasso Fontecha y varios integrantes de la comunidad, aproximadamente 30 minutos después del atentado, ocurrió un hecho aún más preocupante en el mismo sector. La fuerza pública presuntamente disparó indiscriminadamente contra una camioneta en la que se desplazaba la profesora Paola Infante Jaimes.
Los disparos causaron heridas graves en el cráneo, el tórax y las extremidades superiores de la docente. Paola Infante Jaimes, quien era directora del Centro Educativo Rural Atanasio Girardot, con sede en la vereda Barrancones de Saravena, fue trasladada también al Hospital del Sarare para recibir atención médica urgente. Lamentablemente, a la mañana siguiente, el 20 de abril, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Este hecho despertó una fuerte indignación en la comunidad local y en distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que además de las heridas causadas a la profesora, las fuerzas uniformadas habrían realizado la captura ilegal de Roy David Giménez Maldonado, un joven de 23 años, quien eventualmente fue dejado en libertad. Estas acciones han generado cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos durante el operativo policial posterior al ataque del ELN.
Por su parte, la Asociación de Educadores del Arauca (Asedar) expresó su rechazo contundente ante el ataque perpetrado contra la profesora Infante Jaimes. Esta organización instó a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación rápida, transparente y responsable, para esclarecer los hechos y garantizar justicia. La comunidad educativa y la población en general se manifestaron el 20 de abril con una misa en memoria de la docente y una movilización pacífica para repudiar este crimen que enluta al sector educativo y a toda la región.
En cuanto a la versión oficial, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que informó que cerca de las 4:40 de la tarde del domingo, ocurrió un ataque armado contra un dispositivo policial. Este dispositivo “finalizaba actividades en un establecimiento educativo y se desplazaba hacia la estación de policía”, según detalló la institución. No obstante, esta versión ha sido puesta en duda por varios sectores sociales, quienes rechazan categóricamente el uso de colegios e instalaciones civiles como puntos de operaciones o actividades militares. La región de Arauca es un territorio afectado por el conflicto armado que involucra a distintos actores, y la presencia militar en espacios educativos genera riesgos inaceptables para la población civil, especialmente para estudiantes y docentes.
Los testimonios recogidos por diversas fuentes comunitarias indican que fue la propia fuerza pública la responsable de las heridas que llevaron a la muerte de la profesora Paola Infante Jaimes. Esta tragedia pone de manifiesto las consecuencias colaterales y la vulnerabilidad que enfrentan las personas civiles atrapadas en medio del conflicto armado. Asimismo, abre la discusión sobre la necesidad urgente de respetar los espacios educativos como zonas seguras y protegidas, libres de hostilidades y acciones militares
La comunidad de Saravena exige respuestas claras, garantías de no repetición y justicia para la familia de la docente fallecida. Además, reclama por una mayor protección para quienes trabajan en las instituciones educativas y por la implementación de protocolos que impidan que las fuerzas armadas utilicen estos espacios para desarrollar sus acciones operativas. Este caso ejemplifica la complejidad y la tragedia del conflicto armado en Colombia, donde la población civil sigue siendo víctima de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.
En conclusión, los hechos ocurridos el 19 de abril en Saravena constituyen una grave violación a los derechos humanos y un lamentable recordatorio de los riesgos que enfrenta la población civil en zonas de conflicto. La muerte de la profesora Paola Infante Jaimes no solo es una pérdida irreparable para su familia y la comunidad educativa, sino también un llamado urgente a las autoridades para que adopten medidas efectivas que garanticen la protección de la vida y el respeto a los derechos fundamentales en todo el país. La exigencia de verdad, justicia y reparación debe ser escuchada para avanzar hacia una sociedad más segura y justa para todos.
Testigos coinciden en que pasaron al menos media hora entre el ataque contra la fuerza pública y el momento en que los uniformados dispararon contra la camioneta Renault Duster en la que se transportaba la docente.
Tanto Asedar como la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra coinciden en que estas acciones constituyen claras violaciones de los derechos humanos y de las normas del Derecho Internacional Humanitario, principalmente del principio de distinción y protección a la población civil que no participa en las hostilidades.
En el territorio existen varios antecedentes de acciones judiciales y movilizaciones realizadas por las comunidades y sus organizaciones sociales para exigir que la fuerza pública no utilice colegios ni ninguna instalación civil.
La Asociación de Juntas de Acción Comunal Zona Dos de El Tarra denunció que, en la noche del 17 de abril, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó las inmediaciones de las veredas Cuatro Esquinas, La Esperanza, El Diviso y San Martín. Esto ocurrió en jurisdicción del corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra (Norte de Santander).
Asimismo, habitantes de la región afirman que los militares del batallón de Tibú lanzaron explosivos que pusieron en riesgo la vida y los bienes de las familias campesinas. Según los pobladores, algunos de estos artefactos cayeron a escasos 150 y 200 metros de sus viviendas. Los habitantes aseguran que los ataques les causaron afectaciones psicológicas.
Las comunidades denuncian que estos hechos se prolongaron hasta el 18 de abril, cuando las fuerzas militares sostuvieron enfrentamientos armados con el ELN en el sitio conocido como Filo Condón, en la vereda 20 de Julio. Denuncian que estos hechos generaron temor en la población y un alto riesgo de desplazamiento forzado ante la posibilidad de quedar atrapados en medio de los ataques. Imágenes y videos publicados por la comunidad confirman que varios de los ataques cayeron cerca de las viviendas.
