Organizaciones y comunidades piden al Gobierno reversar la suspensión de la programación regional de las 20 Emisoras de Paz, por su papel clave en la información, reconciliación y construcción de paz en los territorios afectados por el conflicto.
La suspensión de la programación regional, informativa, cultural y pedagógica de las 20 Emisoras de Paz del país generó preocupación entre organizaciones de libertad de prensa, sectores políticos y representantes de comunidades, quienes pidieron al Gobierno Nacional reevaluar la medida y garantizar la continuidad de estos espacios radiales creados como parte del Acuerdo Final de Paz.
La decisión comenzó a aplicarse el pasado 18 de agosto, cuando la programación regional de las Emisoras de Paz y de las emisoras descentralizadas de Radio Nacional fue suspendida hasta nueva instrucción. De acuerdo con reportes conocidos, los espacios informativos, de opinión y culturales fueron reemplazados por una programación principalmente musical y centralizada desde Bogotá. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) rechazaron la determinación y advirtieron que afecta el acceso de comunidades rurales a información sobre sus propios territorios.
Las Emisoras de Paz tienen una naturaleza particular. Su creación está contemplada en el punto 6.5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que estableció la puesta en funcionamiento de 20 estaciones FM de interés público en las zonas más afectadas por el conflicto. El propósito incluye realizar pedagogía sobre el Acuerdo, informar sobre sus avances y promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz. El acuerdo también estableció una participación de organizaciones de víctimas, ECOMÚN y organizaciones comunitarias en la programación después de los primeros años de operación.
Con la inauguración de las emisoras de Buenaventura, Tierralta, Agustín Codazzi y Riosucio, en diciembre de 2024, se completaron las 20 estaciones previstas en el acuerdo. RTVC —actualmente Inravisión— destacó entonces que estos medios transmitían contenidos culturales, musicales e informativos destinados a fortalecer la construcción de paz junto con las comunidades de territorios afectados por la violencia.
La controversia se produce en medio de una reestructuración anunciada por Inravisión. Según información divulgada por la FLIP, el nuevo Gobierno ordenó revisar la estructura informativa del sistema de medios públicos y anunció el propósito de terminar la franja noticiosa y de opinión, además de revisar contenidos, contratos y convenios. La nueva programación tendría como pilares la cultura, el arte y la educación, aunque organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran que retirar la producción informativa desde las regiones limita el acceso a información local, particularmente en zonas donde la radio pública cumple una función fundamental.
La preocupación también ha llegado al Congreso. El representante Alejandro Toro anunció un debate de control político a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, para que expliquen las razones, alcances y efectos de la suspensión. El congresista sostuvo que la medida podría afectar el derecho a la información de más de 460.000 personas que viven en zonas de conflicto y recordó que las Emisoras de Paz hacen parte de un compromiso de Estado derivado del Acuerdo de Paz.
A esta controversia se sumó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que rechazó la suspensión de las 20 Emisoras de Paz y de la programación regional de Radio Nacional. La organización señaló que sustituir los contenidos territoriales por una programación musical centralizada desconoce la función para la cual fueron creados estos medios y afecta especialmente a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto.
En este contexto, se plantea que cualquier modificación de la programación debe tener en cuenta el carácter especial de las Emisoras de Paz y las obligaciones derivadas del Acuerdo Final. Más que ser emisoras públicas convencionales, fueron concebidas como herramientas de comunicación para territorios afectados por décadas de violencia, con la misión de abrir espacios a las comunidades, visibilizar sus problemáticas, fortalecer la participación ciudadana y contribuir a la reconciliación.
Por ello, se hace un llamado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a Inravisión para que reevalúen de manera prioritaria la decisión y adopten las medidas necesarias para restablecer la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz. La discusión, más allá de los cambios administrativos o editoriales del sistema de medios públicos, pone sobre la mesa el cumplimiento de un compromiso incorporado al Acuerdo Final y el derecho de miles de habitantes de las regiones a contar con una radio que hable desde sus territorios y sobre sus propias realidades.
