¡Por corrupto, capturado el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía!
El exmandatario fue destituido de su cargo por favorecer a un particular a la hora de adquirir material bibliográfico para 40 establecimientos educativos en diez municipios del Valle.
Este martes 7 de febrero fue capturado el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por corrupción, luego de que se hallaran irregularidades en un contrato para adquirir material bibliográfico, con el fin de dotar a 40 establecimientos educativos en diez municipios del departamento, que se suscribió por 1072 millones de pesos con la Fundación Calimío.
Por eso ahora, en el desarrollo judicial, el exmandatario regional fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por estar involucrado en el conocido ‘Cartel de la Toga’, una red de corrupción red conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, quien está condenado; abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial, quienes habrían favorecido decisiones a su favor que se seguían en la Fiscalía.
Presuntamente, a cambio del favorecimiento habría recibido el pago de 1.000 millones de pesos y Abadía Campo, presuntamente, entregó inicialmente 400 millones a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, para conseguir que le archivará el proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
Ahora que la acusación fue presentada ante un juzgado en Bogotá, Abadía se enfrenta a los cargos por sobornar al exfiscal Luis Gustavo Moreno, en un proceso judicial en la Corte Suprema que inició a raíz de supuestos actos de corrupción relacionados con un convenio de cooperación, destinado a suministrar la dotación de varias bibliotecas escolares en el Valle del Cauca, y ya va en pago de sobornos para obtener beneficios de la justicia en su proceso.
De este modo, las investigaciones arrojaron que Abadía entregó tres pagos de 175 millones, 25 millones y, finalmente, 200 millones de pesos. Parte de los fondos también habrían llegado a manos del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien ya ha sido condenado por su participación en estos hechos.
Los delitos que cometió el exgobernador Abadía se regsistraron en el período 2007 y 2010, mientras estaba a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca. Años más tarde, la Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
En el contrato para la compra de los libros que abastecerían las bibliotecas del departamento, se habría favorecido a un particular que no contaba con los requisitos legales. Este particular fue la empresa Fundación Calimio, quien recibió del departamento la suma de 1.000 millones de pesos, sin contar con la experiencia suficiente para operar el contrato.
Posteriormente, se encontró que la había subcontratado a la Fundación Alfa y Omega, quien a su vez acudió a la organización Clave del Saber, quien terminó comprando los textos académicos por 182 millones 517 mil pesos. La justificación del exgobernador, quien no aceptó cargos por la celebración del contrato, fue que el no fue quien estuvo a cargo, sino que el encargado fue el entonces Secretario Jurídico del momento.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario favoreció a la mencionada entidad, a pesar de que se presentaron varios oferentes interesados en el proceso de contratación.
En la audiencia en la que se determinó que el exgobernador es culpable, que tuvo lugar el 20 de noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que mientras se conocía el monto de la pena, podía quedar en libertad. Ahora fue ordenada su captura para la lectura del fallo.
Según indicó la revista Semana, el abogado del exmandatario, Alejandro Felipe Sánchez, ya solicitó que su defendido cumpla su pena bajo una medida de prisión domiciliaria. Esa petición será resuelta hoy mismo por la Sala de Primera Instancia de la Corte.
“Juan Carlos Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y, en principio, no procede a su favor el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, entendiéndose su compromiso de acatar las determinaciones judiciales”, indicó el tribunal.
