El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, INDEPAZ, llama a la protección de la población civil porque la violencia continúa.
El recrudecimiento de la violencia y la constante reconfiguración del conflicto armado en diversas zonas de Colombia cobran una cuota altísima en la vida de la población civil.
Así lo advierte el más reciente informe publicado por el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. El documento expone un panorama preocupante durante el primer mes de mandato del presidente Abelardo De la Espriella, un periodo comprendido estrictamente entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre del año 2026.
Según las cifras entregadas por el monitoreo sistemático de esta organización no gubernamental, la violencia dirigida contra las bases comunitarias y los defensores de derechos humanos no da tregua en las regiones.
Durante estos treinta días, las balas silenciaron a 16 líderes sociales. Se trata de hombres y mujeres que, desde sus territorios, ejercían como la voz principal de sus comunidades y lideraban valiosos procesos de defensa de la tierra, el medio ambiente, los derechos humanos y la implementación de la paz.
Las comunidades se quedan sin sus grandes referentes. El desglose temporal del informe precisa que 14 de estos crímenes ocurrieron durante el mes de agosto, afectando a pobladores de 12 municipios distribuidos en ocho departamentos del país. A esta trágica y extensa lista se suman otros dos asesinatos de líderes registrados en la primera semana de septiembre.
El reporte del Observatorio de Derechos Humanos también pone la lupa sobre las graves afectaciones al proceso de reincorporación y reconciliación nacional. En este breve lapso, cinco excombatientes de las extintas Farc, quienes eran firmantes del Acuerdo de Paz suscrito en el año 2016, perdieron la vida en medio de ataques armados. Los cinco homicidios de estas personas, que se encontraban en pleno proceso de transición a la vida civil, se concentraron enteramente en el mes de agosto. Estos hechos de sangre tuvieron lugar en cuatro municipios correspondientes a cuatro departamentos, evidenciando una amenaza latente contra quienes le apostaron a la salida negociada al conflicto armado colombiano, a pesar de los riesgos advertidos en el pasado.
Por otro lado, el indicador de masacres refleja una profunda crisis de seguridad en las zonas rurales y periféricas de la nación. Indepaz, documentó la perpetración de 10 masacres entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, las cuales dejaron un lamentable saldo fatal de 30 víctimas mortales.
Entre los asesinados se reportó, dolorosamente, la presencia de menores de edad, lo que agrava estos crímenes a la luz del Derecho Internacional Humanitario. En agosto se cometieron nueve de estas acciones criminales en seis departamentos y ocho municipios distintos. Septiembre ya abrió su registro con una nueva masacre en el departamento del Valle del Cauca, la cual dejó tres personas fallecidas.
Este complejo balance de los primeros treinta días plantea un desafío mayúsculo en materia de orden público para la recién instalada administración. Diferentes analistas coinciden en que los cambios de gobierno suelen ser escenarios que las estructuras armadas aprovechan para exhibir fuerza, consolidar control territorial, dominar las rentas ilícitas y someter a la población mediante la zozobra y la violencia sistemática.
Frente a esta delicada radiografía, las directivas de Indepaz emitieron un enérgico y urgente llamado al Gobierno Nacional. Desde la organización insisten en que es imperativo no reducir estas alarmantes cifras a simples estadísticas frías en los expedientes oficiales.
“Detrás de cada cifra hay personas, familias y comunidades enteras”, subrayan desde la entidad, recordando el profundo impacto organizativo y psicosocial que deja cada pérdida en el tejido social.
Por ello, la institución concluye y exige que la protección integral de la vida y la presencia estatal en los territorios debe constituir la máxima y más urgente prioridad de la agenda estatal, ya que la población civil sigue siendo la más castigada por un conflicto armado que se transforma continuamente.
