Procuraduría pide a la Corte condena para excongresista liberal, determinador del asesinato de un miembro de la UP.
En los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica- UP-, fue violentamente atacada por estructuras paramilitares desde el mismo proceso de su fundación en 1984; sus militantes empezaron a ser asesinados llevando a que en 1986, después de su fundación y luego de obtener un resultado exitoso en las elecciones, se asesinara al primer congresista de la UP, y casi dos días después al segundo.
Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) «Todo pasó frente a nuestros ojos – El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002» la violencia contra la UP dejó, por lo menos, 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas.
De acuerdo con el CNMH entre 1985 y 1993 fueron asesinados aproximadamente 1.163 integrantes, incluyendo a figuras visibles como candidatos presidenciales (Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal) y desaparecidos otros 123, en su mayor parte hombres.
A pesar de todos los años transcurridos los procesos judiciales en contra de los responsables de los asesinatos continúan en pie, una muestra de ello fue la orden de la Procuraduría General de la Nación de solicitar una condena en contra del excongresista liberal e inclusive el expresidente de la Cámara César Pérez García por el homicidio en 1988 del entonces alcalde de Remedios en Antioquia Elkin de Jesús Pérez .
La decisión fue tomada en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia donde participó una hija del fallecido alcalde quién exigió una condena para el excongresista sindicado.
Desde el Ministerio Público indicaron que la llegada a la alcaldía del político de la UP avivó el ambiente paramilitarista que se estaba generando en la región. Desde la Procuraduría General se indicó que varias amenazas que llegaron en contra del mandatario señalaban a César Pérez como el ‘gran caudillo’.
“Le decimos a nuestros hermanos del noreste que conquistaremos la región así sea a sangre y fuego, no aceptaremos alcaldes comunistas en la región”.
Los hechos por los cuales se pide la condena del excongresista ocurrieron el 16 de mayo de 1988, cuando el alcalde Elkín de Jesús Pérez fue asesinado en Medellín. El homicidio fue declarado en 2014 como delito de lesa humanidad, por cuanto se cometió en medio de un ataque sistemático contra militantes de la UP.
En la acusación, la Sala Especial de Instrucción determinó que César Pérez García perteneció a la cúpula de un grupo paramilitar, en el que tuvo una posición de influencia y mando, y desde allí presuntamente dio órdenes para eliminar a los militantes de la UP en municipios del nordeste antioqueño, como Vegachí, Segovia y Remedios, en donde había perdido poder político.
El delegado de la Procuraduría indicó: “El homicidio de Pérez Martínez ocurrió dentro de ese contexto social, político y criminal que devino de manera sistemática en la muerte de muchos militantes de la UP a tal punto que se produjo su casi extinción, caso que se ha conocido como el ‘Genocidio de la UP’, asunto que se encuentra pendiente de resolución de fondo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos’”.
Se debe recordar que César Pérez García, también está afrontando una condena por ser determinador en la masacre de Segovia Antioquia ocurrida en noviembre de 1988.
Es de resaltar que en anteriores procesos judiciales, concretamente el año pasado el Alto Tribunal indicó: “El homicidio, habría sido perpetrado por los grupos paramilitares a los que Pérez García pertenecía debido a la elección de Elkin de Jesús Martínez como mandatario y a su vinculación al grupo político de izquierda, colectividad que estaba disputando en la región la hegemonía política de partidos tradicionales como el del acusado Pérez García”.
Es de recordar que el pasado 2 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que durante el exterminio de la Unión Patriótica el estado colombiano fue “ineficiente” en investigar los hechos.
“Se alega que ciertas presuntas víctimas del caso habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado habría violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial”, advirtió la Corte.
El exrepresentante Pérez García se encuentra en casa por cárcel y paga una condena de 30 años por la masacre de Segovia, Antioquia, crimen ocurrido en 1988.
Para no olvidar:
Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 congresistas en ejercicio (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, 8 alcaldes en ejercicio, 8 exalcaldes y miles de militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por parte de grupos paramilitares, miembros de la Fuerza Pública (Ejército Nacional, Armada de la República, Fuerza Aérea, Policía Nacional, el F2 y el Departamento Administrativo de Seguridad) y los narcotraficantes; algunos sobrevivientes al exterminio abandonaron el país y hoy están en algún lugar del planeta soñando con regresar a Colombia.
