El impacto del conflicto no se limita a las bajas militares. Las comunidades campesinas también enfrentan consecuencias cada vez más graves. Es la segunda publicación de una serie de informes sobre el intensificación de la guerra en la denominada Patria Milagro.


Según las cifras incluidas en el balance, el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes pasó de 52 a 131 casos, lo que representa un incremento del 152 %.

Por su parte, las personas afectadas por confinamientos aumentaron de 8.436 a 21.482, equivalente a un crecimiento del 155 %.

Estos indicadores reflejan la situación de miles de familias que enfrentan restricciones para movilizarse, acceder a sus cultivos, asistir a centros educativos y desarrollar sus actividades económicas por cuenta de las amenazas y la presencia de grupos armados.

En departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, estas circunstancias afectan particularmente a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

El reclutamiento de menores representa, además, una de las expresiones más graves de la crisis humanitaria, pues compromete el futuro de niños y adolescentes que deberían estar protegidos por el Estado y sus instituciones.

El panorama de derechos humanos también presenta cifras preocupantes. Con corte al 1 de noviembre, el balance registra 23 masacres que dejaron 77 personas asesinadas.

Por otra parte, los registros de Indepaz, con corte al 2 de octubre, reportaban 44 líderes y lideresas sociales asesinados y cinco firmantes del Acuerdo de Paz víctimas de homicidio.

Estas cifras evidencian los riesgos que enfrentan quienes ejercen actividades de liderazgo comunitario, defensa de los derechos humanos y representación de sus comunidades en territorios afectados por la violencia.

En cuanto a la tendencia general de homicidios, análisis publicados por medios nacionales han señalado variaciones en los indicadores durante el trimestre. Sin embargo, es necesario diferenciar las cifras acumuladas, los periodos de comparación y las fuentes utilizadas antes de establecer conclusiones sobre el comportamiento nacional de la violencia.

Otro aspecto que genera interrogantes es el comportamiento de las incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana.

De acuerdo con los datos recogidos en el informe, las incautaciones disminuyeron un 16,4 % en agosto y un 54,5 % en septiembre, frente al promedio de los primeros siete meses de 2026.

Esta reducción debe analizarse con cautela. Una disminución en las cantidades incautadas no necesariamente significa que exista menos producción de drogas o una reducción de las economías ilegales.

También puede estar relacionada con cambios en las operaciones, capacidades de interdicción, despliegue de unidades y condiciones de seguridad en los territorios.

Por eso, organizaciones e investigadores consideran necesario revisar los resultados operacionales junto con otros indicadores para establecer si las estrategias contra el narcotráfico están generando resultados efectivos.

Mientras se desarrolla la confrontación armada, otro de los puntos que ha generado controversia es el Decreto 1525, mediante el cual el Gobierno modificó las reglas de actuación de la Policía Nacional frente a las manifestaciones públicas.

La disposición introduce cambios en los procedimientos de intervención y contempla que, cuando se presenten focos de violencia, la actuación policial contra quienes sean identificados como responsables no tenga que esperar a que concluyan los mecanismos de diálogo.

También establece condiciones para el acompañamiento policial a las movilizaciones, incluyendo una distancia mínima de cuatro metros y la individualización de quienes participen en hechos de violencia. 

El Ejecutivo sostiene que estas modificaciones buscan evitar que los actos violentos afecten a los ciudadanos, proteger la infraestructura y garantizar el orden público.

Sin embargo, organizaciones sociales y sindicales consideran que las nuevas disposiciones pueden debilitar las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha expresado cuestionamientos frente a los cambios, al advertir sobre los riesgos que pueden representar para el pluralismo democrático y el uso proporcional de la fuerza.

La preocupación se concentra especialmente en el impacto que estas medidas podrían tener sobre las movilizaciones de comunidades indígenas, estudiantes, sindicatos y organizaciones campesinas.

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