La organización que agrupa comunicadores sociales documentó 1.674 publicaciones hostiles contra periodistas y medios de comunicación en 47 días. La organización advierte que el discurso presidencial contribuye a deteriorar la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La organización Reporteros Sin Fronteras, RSF, denunció una campaña sistemática de descrédito y ataques contra periodistas y medios de comunicación atribuida al presidente de Argentina, Javier Milei, a través de su cuenta en la red social X.
De acuerdo con el análisis publicado por la organización internacional defensora de la libertad de prensa, entre abril y mayo de 2026 el mandatario argentino difundió o compartió 1.674 publicaciones hostiles contra el periodismo durante un periodo de 47 días. La cifra equivale a más de 35 publicaciones diarias, contando mensajes propios, publicaciones citadas y retuits.
RSF señaló que la actividad del presidente en esta plataforma refleja una comunicación agresiva contra medios y periodistas, a quienes califica de “mercenarios”, “corruptos”, “mentirosos” y “militantes políticos”. Para la organización, este tipo de expresiones, emitidas desde una cuenta presidencial con amplio alcance, pueden alimentar un clima de hostilidad hacia quienes ejercen labores informativas.
Uno de los principales ejes de los mensajes identificados por RSF son las acusaciones de corrupción contra periodistas. Según el informe, 498 de las publicaciones analizadas contenían señalamientos o insinuaciones relacionadas con presuntos sobornos, financiación irregular o dependencia de recursos públicos por parte de los medios.
El presidente sostiene recurrentemente que la eliminación de la pauta oficial —la publicidad institucional contratada por el Estado— habría llevado a los medios de comunicación a difundir información crítica sobre su administración como una forma de retaliación. Sin embargo, RSF cuestionó esta argumentación y recordó que, aunque la asignación de publicidad oficial ha sido un tema de debate histórico en Argentina, no existen elementos que permitan afirmar que toda la prensa crítica responda a intereses económicos o políticos.
Para la organización, el problema radica en que el discurso presidencial borra la frontera entre el ejercicio del periodismo y la oposición política. En varias oportunidades, Milei ha señalado que un alto porcentaje de periodistas argentinos serían “basuras mentirosas” o parte de una estructura que busca perjudicar a su Gobierno.
RSF también identificó el uso frecuente de expresiones como “kuka”, un término peyorativo utilizado originalmente contra sectores identificados con el kirchnerismo, pero que el mandatario también emplearía para descalificar a comunicadores y medios críticos. Esta práctica, advierte el informe, presenta la labor de fiscalización periodística como una acción partidista o una operación política.
El análisis señala que una de las expresiones más repetidas en las publicaciones del presidente es “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, frase que suele aparecer también bajo la sigla NOLSALP o NOL$ALP. Esta última variante incorpora un signo de dólar para reforzar la acusación de que los periodistas reciben pagos indebidos.
De las 1.674 publicaciones examinadas, RSF precisó que 1.499 fueron retuits, equivalentes al 89 % del total. Otras 151 correspondieron a publicaciones con cita, en las que Milei agregó comentarios breves a mensajes difundidos por otras cuentas. Solo 21 publicaciones fueron redactadas directamente por el jefe de Estado.
Para Reporteros Sin Fronteras, el uso masivo de retuits no reduce la responsabilidad política del mandatario, pues al compartir contenidos de terceros desde una cuenta presidencial se amplifica su alcance y se avalan los mensajes dirigidos contra periodistas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y medios de comunicación.
La organización argentina Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, también fue mencionada en el informe como uno de los blancos de estas publicaciones, luego de divulgar reportes sobre agresiones a la libertad de prensa en el país. RSF indicó que la propia organización fue cuestionada por Milei tras la difusión de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026.
Según ese índice, citado por RSF, Argentina ocupó el puesto 98 entre los países evaluados, once posiciones por debajo de su ubicación en 2025 y 69 lugares menos frente a 2022. La organización atribuye parte de este descenso al deterioro del ambiente para el ejercicio periodístico, los ataques verbales contra comunicadores y las restricciones que han afectado el acceso a la información pública.
El informe también recuerda episodios recientes en los que investigaciones o coberturas periodísticas sobre el entorno gubernamental fueron respondidas con fuertes cuestionamientos desde la Presidencia. Entre ellos, RSF menciona el caso de la denominada “trama rusa”, así como la polémica generada luego de que un equipo del canal TN realizara grabaciones en espacios de la Casa Rosada.
Para Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras, los ataques reiterados desde la máxima autoridad política representan un riesgo para la democracia y para el derecho ciudadano a recibir información plural.
“Cuando un presidente utiliza su cuenta de X para atacar continuamente a la prensa, insultarla, difamarla y presentarla como enemiga del Estado, ejerce todo el peso de su autoridad política para doblegar uno de los pilares de la democracia”, señaló Bruttin.
La libertad de expresión y de prensa está protegida por la Constitución argentina y por instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que los funcionarios públicos deben mantener un discurso que no exponga a periodistas a riesgos, estigmatización o posibles agresiones.
RSF concluyó que el Gobierno argentino debería responder a las críticas mediante mecanismos democráticos, como el derecho a réplica, las rectificaciones cuando correspondan y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad y pluralidad de los medios, en lugar de profundizar los ataques contra la prensa.
