En la tarde de este lunes 11 de mayo se llevó la audiencia de imputación contra el presidente de la reconocida petrolera por los presuntos hechos irregulares en medio de la campaña presidencial. En la diligencia, el jefe de la petrolera no aceptó cargos y se declaró inocente.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la financiación y manejo de los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022.
La decisión fue oficializada este 11 de mayo de 2026, cuando el ente acusador señaló que el actual directivo de la estatal petrolera deberá responder por el presunto delito de violación de los límites de gastos establecidos para campañas electorales. Sin embargo, durante la diligencia judicial, Roa rechazó las acusaciones y se declaró inocente.
Según la Fiscalía, la imputación se realizó en su condición de exgerente y administrador financiero de la campaña “Petro Presidente 2022”, al considerar que presuntamente se autorizaron gastos superiores a los topes fijados por las autoridades electorales.
De acuerdo con el expediente, la campaña habría excedido los límites permitidos en aproximadamente 1.388 millones de pesos durante la primera vuelta presidencial y en cerca de 276 millones de pesos en la segunda vuelta.
Uno de los principales cuestionamientos de los investigadores tiene que ver con la información financiera reportada ante las autoridades electorales. Aunque la campaña presentó informes en la plataforma “Cuentas Claras” y ante el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía sostiene que dichos registros no reflejarían la totalidad de los recursos utilizados durante la contienda presidencial.
Dentro del análisis realizado por el ente acusador también aparecen múltiples gastos que habrían incidido en el presunto exceso de los topes electorales, entre ellos actividades de logística, ruedas de prensa en hoteles, desayunos, transporte, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, material publicitario y aportes sindicales.
La investigación además advierte posibles inconsistencias en la manera como fueron reportados algunos desembolsos entre la primera y segunda vuelta presidencial. Según la Fiscalía, varios costos generados en la primera fase de la campaña habrían sido incluidos posteriormente en los informes correspondientes a la segunda vuelta y viceversa.
El proceso judicial contra Ricardo Roa avanza mientras las autoridades continúan recopilando elementos probatorios relacionados con la financiación y ejecución de recursos durante la campaña presidencial de 2022.
Primera vuelta: el límite ajustado y las cuentas en disputa
El techo permitido para esta etapa era de $28.536 millones, pero los registros presentan dos lecturas distintas:
- Gasto total reportado por la campaña: $28.384.680.001.
- Hallazgos de Fiscalía y CNE: $29.924.592.727.
Desglose de rubros clave:
- Propaganda (TV, radio y redes):
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- Reportado: $19.534 millones (68%).
- Hallazgo: omisiones en pauta digital no registradas completamente.
- Transporte aéreo:
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- Reportado: $4.155 millones (Sadi S.A.S.)
- Investigación: $1.249 millones adicionales bajo revisión.
- Actos públicos:
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- Reportado: $1.694 millones.
- Observación: No se incluyó el evento de cierre en el Movistar Arena ($100 millones aproximadamente).
La Fiscalía señala un posible exceso de $1.388 millones sobre el tope en primera vuelta, junto con gastos no reportados como aportes de la USO por $292 millones, contratos con Neuro Data para análisis de mercadeo político y omisiones en publicidad digital y logística de eventos masivos.
