Se cobraba ‘peaje’ para aprobar los proyectos, denuncia Emilio Archila, exconsejero para la estabilización y consolidación


El escándalo con los recursos que debían ser destinados para los proyectos comprometidos en el Acuerdo de Paz  y que corresponden a los territorios  de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es decir los municipios que vivieron mayormente el conflicto armado de Colombia, sigue generando asombro por la magnitud del entramado corrupto que se gestó a su alrededor y que involucra a funcionarios de los mismos entes de control.

En las últimas horas y a través de su cuenta de Twitter,  el exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila,  denunció que desde que estaba en el cargo había denunciado  casos de corrupción en el manejo de estos recursos.

En el comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, Archila señaló que  » trabajé preventivamente para evitar corrupción y que, si se presentaba, se denunciaría. 

En el comunicado queda claro que Archila, exfuncionario de Duque, sabía que habían actos de corrupción y que según el denunció ante todos los entes de control 

«Solicité medidas, unas urgentes y otras correctivas, que se adoptaron por la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación, DNP.

De acuerdo con Archila, desde el primer trimestre de 2021 denunció ante la Fiscalía, la Contraloria, y la Procuraduría, la Consejería de Transparencia y el Departamento Nacional de Planeación  las  actividades irregulares que recibió a través de «sendas comunicaciones» que recibió.

HABÍAN COBROS DE PEAJES ! 

El ex funcionario, que renunció a la Consejería el 18 de abril de 2022, detalló que » Según esas comunicaciones, a algunos alcaldes se les cobraba «peaje», pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos , ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria»

Esta revelación hecha un año después de su renuncia indica que » Si los alcaldes no pagaban, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes  y uno de los Gobernadores ejercía funciones colegiadamente»

Archila denuncia que cada que llegaba una denuncia sobre cobro de peajes el las remitía a todos los entes de control .

Aclara  el ex consejero  que sus funciones en esa instancia posterior, a la que no habrían llegado nunca los proyectos sujetos al cobro del denominado ’peaje’,  y precisó que nunca distinguió entre proyectos, sino que votó favorablemente por todos, en un 100 %, de los que no se pusieron a consideración y cumplían con los requisitos. También, que la persona que al parecer tenía esas responsabilidades fue retirada del cargo con el respaldo de la nueva directora del DNP.

En relación al Sistema General de Regalías, agregó que este es coordinado por el DNP y como uno de los eslabones en ese sistema existen los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, como es el OCAD Paz, que trabaja para, entre otros temas, los PDET, respecto de proyectos presentados por alcaldes a la Secretaría Técnica del DNP.

Asegura Emilio  Archila que el mismo solicitó a la nueva Directora del DNP retirar del cargo a Álvaro Ávila , confirmando que » » Como fue mi solicitud , con la nueva Directora del DNP , la persona que fue objeto de una de las denuncias fue retiradode sus responsabilidades»

Finalmente Emilio Archila asegura  que está dispuesto a colaborar con la justicia entregando toda la información que se requiera para que se esclarezca qué ocurrió con los recursos del Acuerdo de Paz.

“Aun cuando gracias precisamente a mis denuncias, desde ese entonces las autoridades mencionadas deben ocuparse del tema, me complace que ahora el país haya puesto su atención en este asunto, para el cual, renovadamente ofrezco toda la información que estuvo y está a mi alcance y que pueda servir para que haya verdad y justicia”, puntualizó Archila.

La pregunta hoy es : porqué Emilio Archila, al  momento de su retiro no ratificó lo que hoy esta denunciando y aclarando? 

Quienes están involucrados en este entretramado de corrupción con los recursos para la paz? 

Luis Alberto Rodríguez

Nació en Valledupar, pertenece al partido conservador. Se ha desempeñado como jefe de Estudios Económicos de Asobancaria; asesor económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); consultor en el Ministerio del Trabajo, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También fue director encargado de FOGACOOP.

Fue asesor de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y con su apoyo ingresó al gobierno de Iván Duque como viceministro técnico del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Fue director del Departamento Nacional de Planeación entre septiembre del 2019 y julio del 2021. Actualmente esta en campaña para ser Contralor General. ( blu Radio)

Álvaro Ávila

Ex director de Regalías del DNP,  llegó al cargo por el director Luis Alberto Rodríguez, con quien trabajó en el Ministerio de Hacienda. Por su cargo en el DNP, asumió la Secretaría Técnica de los Ocad-Paz, donde sus acciones fueron motivo de denuncias ante la Procuraduría, la Fiscalía y el DNP por presuntamente sesgar la elección de proyectos a cambio de dádivas y de favores a congresistas que también cobrarían coimas, así como por frenar proyectos que a pesar de cumplir con todos los requisitos nunca fueron aprobados. (Blu Radio))

En 2016 fue sancionado por la Procuraduría por haber asumido el cargo de jefe de Control Interno de la Gobernación del Caquetá sin cumplir con los requisitos legales para ejercerlo. Actualmente tiene una investigación abierta en la Procuraduría, se le acusa de haber usado su cargo en el Ocad-Paz para beneficiar más de 500 proyectos en la entrega de recursos, sin contar con el certificado de requisitos previos.

La cantidad de denuncias en su contra, lo convirtieron en un personaje incómodo. El 19 de marzo de 2021, año en que más recursos había para adjudicar a proyectos de municipios Pdet, Emilio Archila, entonces Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, dirigió una carta a Amparo García, subdirectora General Territorial del DNP, donde le contó que había recibido una denuncia contra Ávila y la había puesto en conocimeinto de los órganos de control, además le pidió que: “las funciones de la Secretaría Técnica (del Ocad-Paz) sean asumidas o expresamente avalada cada actuación por parte de usted y su dependencia (…) solicito que la revisión de los proyectos de inversión viabilizados por el Ocad-Paz en la vigencia 2020, y en particular el informe que será presentado a los miembros del Ocad-Paz el 9 de abril, se realicen por usted”. Hoy es candidato para estar al frente de la Contraloría General de la República.

Juan Carlos Gualdrón

Nació en Pereira, es contralor delegado para el posconflicto y llegó a la Contraloría de Felipe Córdoba gracias a la ampliación de la planta de esa entidad.

Ha sido denunciado por no fiscalizar adecuadamente los recursos que asigna el Ocad-Paz, de pedir coimas a cambio de “beneficiar” la aprobación de algunos proyectos y de presionar, en asocio con Álvaro Ávila, a funcionarios del Ministerio de Transporte para que “se retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que ya cuentan con concepto favorable (…) utilizando su poder de investigaciones indiscriminadas para ejercer presión sobre el ministerio”, de acuerdo con documento enviado al consejero presidencial, Emilio Archila.

Es amigo de los demás protagonistas y hace parte de la lista de diez aspirantes para ocupar el cargo de Contralor General. 

Aníbal Quiroz

Fue nombrado contralor delegado de la Unidad de Regalías por Felipe Córdoba en enero de 2020. Es el encargado de realizar el control previo a los proyectos inscritos para acceder a los recursos del Ocad-Paz.

En su contra hay varias quejas y denuncias ante los entes de control. Entre ellas, una comunicación enviada por los miembros del Grupo Motor Pdet del municipio de Vista Hermosa, con fecha del 13 de agosto 2021, donde lo acusan de obstaculizar el trámite de proyectos. Señalan que a pesar de que los proyectos cumplen con todos los requisitos exigidos “simplemente expresa que tienen reparos (…) pero no dice nada más, no ha emitido ningún informe técnico en el que exprese a las Entidades Territoriales en qué consisten los problemas que encuentra en los proyectos y observadas las distintas comunicaciones se podrá advertir que son prácticamente las mismas, y en sus listados se incluyen o excluyen proyectos con reparos sin obedecer a criterios objetivos o técnicos, más bien parece un ejercicio absurdamente discrecional o interesado”.

Nació en Valledupar, donde fue asesor de Planeación Municipal en la alcaldía de Fredys Socarrás, acusado por la Fiscalía por prevaricato y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por inconsistencias que se presentaron en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el año 2014.

Actualmente tiene un proceso abierto en la Fiscalía por prevaricato por omisión. Es hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene varios familiares en entes de control, Quiroz también es candidato a Contralor General.

Este funcionario se defiende asegurando que su actuación frente a cada proyecto se realizó de manera estudiosa y adecuada, por lo que muchas iniciativas debían ser corregidas ya que venían desde el año 2017, 2018 y 2019.

 

Comentarios en Facebook