Suspenden la tradicional Feria de Tuluá por situación de orden público en esta zona del centro del Valle.
Aunque se anunció previamente que la ciudad estaba lista para recibir a 15.000 visitantes, las autoridades buscaron preservar la seguridad de los habitantes y turistas.
En la tarde de este lunes 22 de abril se confirmó que la próxima Feria de Tuluá, que se iba a realizar entre el 7 y 10 de junio del año en curso, fue cancelada debido a la compleja situación de orden público que se vive en el municipio.
La decisión fue tomada por la Alcaldía y la Junta Directiva de la Feria, con el fin de preservar la seguridad y garantizar el bienestar de tulueños y visitantes.
El alcalde del municipio, Gustavo Vélez, se encargó de dar la primicia en su cuenta de X (antes Twitter) en donde destacó que la medida fue tomada tras escuchar el clamor de la población.
En decisión compartida con el presidente de @TuluaFeria, Jorge Andrade, luego de revisar todos los elementos que dan viabilidad a un evento de esta magnitud, y tras escuchar al pueblo tulueño, tomamos la decisión de cancelar esta versión de la feria de #Tuluá @AlcaldiaDeTulua pic.twitter.com/NK2bkjTOAD
— Gustavo Vélez (@gustavovelezr) April 22, 2024
«En decisión compartida con el presidente de la Feria de Tuluá, Jorge Andrade, luego de revisar todos los elementos que dan viabilidad a un evento de esta magnitud, y tras escuchar al pueblo tulueño, tomamos la decisión de cancelar esta versión de la feria de Tuluá», escribió Vélez en un trino.
Asimismo, en el comunicado emitido por la Alcaldía de Tuluá se mencionó que «esta determinación se fundamenta en una exhaustiva evaluación de todos los aspectos necesarios para la realización de un evento de esta magnitud; así como en la escucha atenta de las preocupaciones expresadas por nuestra comunidad».
Hay que tener presente que esta clase de decisiones también son consecuencia del consejo de seguridad liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, tras el asesinato del concejal conservador Carlos Arturo Londoño y la lideresa social Clarivet Ocampo.
«Lamento la muerte de las dos personas que le servían a la comunidad y le envió mi solidaridad a sus familiares», expresó Toro al finalizar el consejo de seguridad.
La Gobernadora recalcó que han estado trabajando para acabar con la criminalidad en el municipio: «Al presionar a la criminalidad, se generan este tipo de hechos. Pero no vamos a ceder, vamos a trabajar más duro».
En ese sentido, Toro enfatizó que el nombre del concejal Londoño fue difundido en febrero en un panfleto de amenazas; sin embargo, no contaba con la protección necesaria, así como otros concejales que estaban en la lista y que en este momento no cuentan con ese beneficio.
«Hoy, el comandante de la Policía Valle se comprometió en darle protección a los concejales mientras llegan las medidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)», precisó la Gobernadora, quien aclaró que algunos funcionarios han solicitado un aseguramiento por parte de las autoridades competentes desde el mes de enero. Por tal razón se enviará una carta al director de la UNP, pues los funcionarios públicos llevan varios meses solicitando dicha protección.
«A algunos se les ha dado, mientras que otros no cuentan con protección (…) Vamos a volver a insistir al Ministerio de Justicia para que el Inpec incomunique a las personas que están en las cárceles y que dan este tipo de órdenes», acotó la gobernadora.
