La presencia del congresista en el recinto legislativo desató un enfrentamiento directo entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, y generó críticas por parte de diferentes sectores sobre la ética en el Congreso.
Un fuerte cruce de palabras se registró en el Senado de la República el pasado martes 14 de abril de 2026, en medio de una sesión marcada por la confrontación política entre los precandidatos presidenciales Iván Cepeda Castro y Paloma Valencia.
La polémica se originó por la presencia en el recinto del congresista Ciro Ramírez, integrante del partido Centro Democrático, quien fue condenado por hechos de corrupción en el caso conocido como ‘Marionetas 2.0’. Este hecho generó cuestionamientos sobre la permanencia de funcionarios con antecedentes judiciales en el Legislativo.
Durante la plenaria, Cepeda —miembro del Pacto Histórico— cuestionó directamente a Valencia, señalando la contradicción entre los discursos contra la criminalidad y la presencia de personas condenadas en el Congreso. En su intervención, pidió que quienes tengan sentencias judiciales no continúen asistiendo al Capitolio, en una clara alusión a Ramírez.
La respuesta de Valencia fue inmediata. La senadora rechazó los señalamientos y contraatacó recordando el denominado “Pacto de la Picota”, una controversia política surgida en 2022 sobre presuntos acercamientos a personas privadas de la libertad con fines electorales. Asimismo, mencionó las investigaciones contra Nicolás Petro Burgos por supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Ni que yo fuera del Pacto de la Picota, buscándome votos con criminales”, expresó Valencia, quien además insistió en que la criminalidad debe ser tratada exclusivamente desde el sistema judicial y penitenciario.
El intercambio evidenció la creciente polarización política de cara a las próximas elecciones presidenciales, trasladando al escenario legislativo debates que trascienden lo institucional.
Tras el incidente, la senadora María José Pizarro también se pronunció a través de la red social X, donde cuestionó la legitimidad de que Ciro Ramírez continúe participando en las actividades del Congreso, reavivando la discusión sobre ética pública y responsabilidad política en el país.
Una de las voces más críticas fue la de la representante Jennifer Pedraza, quien a través de la red social X expresó su rechazo de manera contundente. La parlamentaria calificó como inaceptable que un dirigente condenado continúe asistiendo al Senado y lanzó duros cuestionamientos hacia el dirigente del Centro Democrático, señalando que la situación resulta “nauseabunda” y evidencia una falta de vergüenza pública.
En la misma línea, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, calificó el caso como una “vergüenza nacional” y advirtió sobre el daño que este tipo de hechos causa a la credibilidad de las instituciones. La congresista subrayó que Ramírez fue condenado por apropiación indebida de recursos públicos, incluso destinados a la paz, y cuestionó que continúe ejerciendo actividades políticas con normalidad.
Carrascal también insistió en la necesidad de establecer límites claros frente a la participación de personas condenadas en la vida pública. A su juicio, quienes han sido hallados responsables de corrupción no deberían volver a ejercer funciones relacionadas con lo público.
La polémica se extendió además hacia la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia, a quien Carrascal reprochó por su discurso frente a la criminalidad. Según la representante, Valencia ha utilizado argumentos y material gráfico para vincular a opositores con hechos ilícitos, mientras —afirma— evita pronunciarse sobre situaciones al interior de su propio partido.
El cruce de declaraciones dejó en evidencia el clima de polarización que rodea actualmente al Congreso y reabrió el debate sobre la efectividad de las sanciones judiciales frente a figuras públicas, así como la necesidad de recuperar la legitimidad y la confianza ciudadana en el poder legislativo.
“Tenemos que devolverle dignidad al Congreso”, reiteró Carrascal, en medio de llamados a que los partidos políticos asuman responsabilidades frente a la conducta de sus integrantes.
