La Asociación de Empresas Sociales del Estado (AES) de Antioquia anunció esta situación, debido a una deuda superior a $293.000 millones con los hospitales públicos del departamento.
Escrito por Yadi Torres
La crisis financiera de Coosalud volvió a encender las alarmas en Antioquia, esta vez porque 40 hospitales públicos del departamento suspendieron la prestación de servicios no urgentes a los usuarios de la EPS, debido a las millonarias deudas acumuladas con instituciones como el Hospital General de Medellín y hospitales en Caucasia, Turbo, Anorí, Necoclí, Amagá, Amalfi, Jericó, Santa Fe de Antioquia y Támesis.
La falta de pago por parte de la EPS llevó a los hospitales a anunciar la suspensión a partir del lunes 14 de septiembre. La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) asegura que la cartera de Coosalud con la red pública hospitalaria del departamento alcanza los $293.000 millones.
La situación no surgió de la noche a la mañana. El anuncio se suma a las dificultades que la red pública de Antioquia ya había reportado durante este año. En julio, otros hospitales del departamento ya habían adoptado medidas similares frente a los servicios no urgentes.
Pero el 14 de septiembre, la crisis para los afiliados se agravó: la suspensión de la atención se extendió a todos los servicios no urgentes, y no solo los ambulatorios, siendo 40 hospitales públicos de Antioquia los que se acogieron a esta medida. El director ejecutivo de la AESA, Luis Hernán Sánchez, advirtió que las transferencias de recursos siguen sin materializarse pese a que la EPS se encuentra bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud desde noviembre de 2024, sin que hasta el momento se evidencien correctivos contables ni saneamiento del flujo de caja.
«Ya han pasado ocho días y la EPS no ha cumplido con estos pagos»*, afirmó Sánchez, quien hizo un llamado al presidente de la República, la ministra de Salud, la superintendente Nacional de Salud y los directivos de Coosalud para que intervengan y permitan normalizar los pagos.
Entre los hospitales vinculados a la medida se encuentran los de Abejorral, Amagá, Amalfi, Angostura, Anorí, Carepa, Caucasia, Ciudad Bolívar, Dabeiba, El Bagre, Frontino, Jericó, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Peque, Puerto Nare, Remedios, Santa Bárbara, Santafé de Antioquia, Segovia, Tarazá, Turbo, Támesis, Uramita, Valdivia, Yarumal, Yolombó y Zaragoza, entre otros. A la decisión de las ESE municipales se sumó formalmente el Hospital General de Medellín. Las instituciones solo mantendrán activas las salas de urgencias vitales, cesando cirugías programadas, citas de especialistas y procedimientos electivos.
Coosalud tiene cerca de 467.000 afiliados en Antioquia, quienes hoy enfrentan una profunda incertidumbre sobre cómo acceder a sus servicios de salud. La situación, de acuerdo con AESA, ha generado dificultades para garantizar el funcionamiento de las instituciones, particularmente en el pago de nómina y la adquisición de medicamentos e insumos necesarios para la atención de los pacientes. A esto se suman dificultades administrativas relacionadas con la EPS, entre ellas la centralización de procesos en Cartagena y los cambios frecuentes de los agentes interventores, situación que habría dificultado la firma de los contratos para garantizar la prestación de servicios durante 2026. Los hospitales aseguran que han intentado mantener la atención privilegiando el derecho a la salud de los usuarios, pero consideran que las condiciones financieras actuales hacen imposible continuar prestando los servicios ambulatorios no urgentes en las mismas condiciones.
La crisis actual tiene raíces profundas. La Superintendencia Nacional de Salud solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para esclarecer presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de Coosalud, tras los hallazgos de una auditoría realizada en septiembre de 2024 que puso en evidencia posibles hechos de corrupción. El informe fue remitido a la Fiscalía en octubre de ese año y reveló irregularidades que motivaron la intervención forzosa administrativa de la EPS el 22 de noviembre de 2024.
La Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria también revelaron preocupantes hallazgos sobre Coosalud EPS y su conglomerado económico, que incluyen presuntas irregularidades financieras, inconsistencias en estados contables y posibles riesgos de lavado de activos. La Procuraduría señaló además que Coosalud registró pérdidas de $1,1 billones en 2024 y que sus pasivos crecieron un 245%. El organismo abrió una actuación preventiva para verificar denuncias sobre presunta facturación de servicios a usuarios fallecidos y posibles sobrecostos en medicamentos.
La crisis, un reflejo del sistema
El caso de Coosalud no es aislado. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que, a diciembre de 2025, las deudas de las EPS y del Estado con 232 instituciones sumaban 25,7 billones de pesos.
De acuerdo con informes recientes, Coosalud cerró 2025 con pérdidas por 2,34 billones de pesos. La Contraloría encontró además que la deuda total reportada por las EPS pasó de 45,89 billones de pesos en 2024 a 58,06 billones en 2025, incremento cercano al 26,5%, concentrándose más del 82% en las EPS intervenidas.
La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia indicó que los servicios ambulatorios permanecerán suspendidos hasta que Coosalud realice los pagos correspondientes y estos sean reflejados en las cuentas de las instituciones. En un caso similar, el Hospital Serena del Mar, operado por la Fundación Santa Fe en Cartagena, también suspendió servicios a usuarios de Coosalud, así como de la Nueva EPS y Proteger EPS, lo que amplía el alcance de esta crisis más allá de Antioquia.
Los afiliados afectados deberán consultar con Coosalud cuáles son los prestadores habilitados y los mecanismos disponibles para garantizar el acceso a la atención médica mientras se resuelve la situación. La respuesta del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el Gobierno Nacional sigue siendo la pieza clave que podría desbloquear esta crisis que, hoy por hoy, deja a casi medio millón de colombianos en una angustiante espera.
