Un derrumbe en una mina artesanal de Iscuandé dejó además siete heridos. La tragedia golpea a decenas de familias del Pacífico nariñense.
Una tragedia enluta a las comunidades del Pacífico nariñense. Catorce personas perdieron la vida tras el derrumbe registrado en una mina artesanal de oro en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, donde doce de las víctimas mortales eran mujeres y, en su mayoría, madres cabeza de hogar que buscaban obtener ingresos para sostener a sus familias.
La emergencia ocurrió el lunes 19 de octubre de 2026 en el sector conocido como El Chambero, una zona rural donde habitantes de la región se dedican a la extracción de oro de aluvión. El colapso de un talud de tierra sepultó a varios trabajadores que desarrollaban sus labores en esta explotación minera a cielo abierto.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, confirmó el balance de víctimas y expresó su preocupación por las consecuencias sociales de la tragedia. Además de las catorce personas fallecidas, otras siete resultaron heridas, algunas de ellas en condición crítica, por lo que se solicitó apoyo para facilitar su traslado y atención médica especializada.
El mandatario departamental explicó, en declaraciones a medios de comunicación, que la mayoría de las mujeres fallecidas eran responsables del sostenimiento económico de sus hogares. La pérdida de estas trabajadoras no solo representa una tragedia para sus familiares, sino que también deja a niños y otros integrantes de sus familias en una situación de vulnerabilidad.
Las autoridades departamentales anunciaron que, tras finalizar las labores de búsqueda y rescate, la prioridad sería acompañar a los familiares de las víctimas, atender a los sobrevivientes y establecer las necesidades de los hogares afectados. La dimensión de las pérdidas, según el gobernador, obliga a examinar tanto las condiciones laborales como la realidad económica de las comunidades que dependen de la minería artesanal.
El acceso al lugar también representó un desafío para la atención de la emergencia. Santa Bárbara de Iscuandé se encuentra en una zona de difícil acceso del Pacífico nariñense, donde los desplazamientos hacia sectores rurales dependen en buena medida del transporte fluvial. Estas condiciones complicaron la llegada de los equipos de respuesta y las labores para auxiliar a los afectados.
Entre las hipótesis sobre las causas del accidente, las autoridades señalaron que el ingreso de agua a las excavaciones pudo haber contribuido al colapso. Según información entregada por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, el aumento del nivel del río habría provocado la entrada de agua a las estructuras excavadas, debilitando el terreno. Esta explicación deberá distinguirse de las conclusiones técnicas que puedan establecerse posteriormente.
Y es que la tragedia reabrió el debate sobre las condiciones en las que miles de personas desarrollan actividades de minería artesanal y de pequeña escala en Colombia. En algunas comunidades, la extracción de oro constituye una de las principales fuentes de ingresos, incluso cuando los trabajadores carecen de condiciones adecuadas de seguridad y de garantías para desarrollar sus labores.
El gobernador Escobar pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería revisar los trámites pendientes para la formalización de estas explotaciones. De acuerdo con el mandatario, en Nariño existen 181 solicitudes relacionadas con áreas de reserva especial minera, algunas de las cuales llevan más de veinte años esperando respuesta.
La formalización busca facilitar que las comunidades desarrollen su actividad bajo condiciones legales y con mayores posibilidades de implementar medidas de prevención. Sin embargo, evitar nuevas tragedias también requiere evaluar la estabilidad de los terrenos, controlar las excavaciones, establecer protocolos de emergencia y garantizar que los trabajadores conozcan los riesgos de cada explotación.
Veintisiete muertos en dos accidentes mineros
El derrumbe de Iscuandé no es un caso aislado. El departamento de Nariño ya había enfrentado otra emergencia minera en agosto de 2026, cuando un colapso en el municipio de Policarpa dejó trece personas fallecidas. Con las catorce víctimas de El Chambero, el balance de ambos accidentes asciende a 27 muertos en menos de tres meses.
La Agencia Nacional de Minería también informó que las dificultades de acceso y las condiciones de orden público en la zona obstaculizaron el ingreso de sus equipos de salvamento al lugar de la emergencia. Esta situación evidencia los desafíos que enfrentan las instituciones para intervenir oportunamente en territorios apartados.
Mientras las familias lloran a sus seres queridos, la atención se concentra en los heridos y en las necesidades de quienes quedaron afectados por la pérdida de sus familiares. Para muchos hogares, la muerte de estas mujeres significa también la pérdida de la principal fuente de sustento.
La tragedia deja una pregunta urgente para las autoridades: cómo garantizar que las comunidades que dependen de la extracción artesanal de oro puedan trabajar sin poner en riesgo sus vidas. En Iscuandé, las cifras representan mucho más que un balance de víctimas: son familias fracturadas y niños que deberán afrontar las consecuencias de una emergencia que vuelve a poner en evidencia los riesgos de la minería sin condiciones adecuadas de seguridad.
