Tres alcaldes de Cauca y Valle aceptaron su participación en la red delictiva de Mario Castaño.
La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una nueva fase investigativa contra una presunta red de corrupción que sería la responsable de la apropiación de parte de los dineros girados a los municipios para cubrir diferentes proyectos de infraestructura o garantizar el suministro de bienes y servicios para la ciudadanía.
De acuerdo con el material de prueba, un senador electo de la República, a través de algunos de sus presuntos colaboradores, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones.
A cambio, las administraciones municipales al parecer, beneficiaban y direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que presuntamente eran distribuidas entre los partícipes del entramado criminal.
En esta oportunidad, la Dirección Especializada contra la Corrupción logró la captura y judicialización de 21 personas (7 alcaldes municipales, 2 secretarios de planeación municipal, 2 funcionarios de despacho y 10 contratistas), señalados de distintas irregularidades en 47 contratos, cuyo valor total ascendería a 46.305 millones de pesos. 13 de los 21 capturados aceptaran cargos, entre ellos, los alcaldes de Piendamó y Suárez (Cauca), La Merced y Villamaría (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). Estos últimos presentaron renuncia a sus cargos. Los casos detectados ocurrieron en Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Tolima.
• Piendamó, Cauca.
La evidencia recopilada da cuenta de que servidores públicos y particulares se habrían articulado para que 12 proyectos de infraestructura, suscritos por la alcaldía y la empresa de servicios públicos municipal, quedaran en manos de unos contratistas previamente definidos.
Aquí se comprometieron más de 11.520 millones de pesos que estaban destinados a obras de impacto en el municipio como es la renovación del parque principal. Este proyecto tuvo un costo de 3.856 millones de pesos. Por estos hechos fueron capturados el alcalde de Piendamó (Cauca), Víctor Hugo Franco Muñoz; los funcionarios de la alcaldía Gisela Vianey Castillo Rosero y Alexander Ortiz Muñoz; y los contratistas Paola Elizabeth Díaz Alvear, Juan Pablo Monteros Velasco, Diego Alexander Arango Díaz y Fredy Urbano Martínez.
A estas personas, la Fiscalía les imputó delitos como concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Todos aceptaron cargos. Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria.
• Suárez (Cauca).
El alcalde municipal, Ronal Villegas Orlas; y la secretaria de planeación Sandra Samara Sarria Erazo, al parecer, incurrieron en supuestas anomalías en la celebración de cuatro contratos por valor de 6.636 millones de pesos.
La investigación establece notorias irregularidades en un contrato por valor de 1.047 millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio. Además, se indagó por la construcción de una cancha con grama sintética y graderías que tuvo un costo de 2.625 millones.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos los cuales fueron aceptados. En ese sentido, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
• Alcalá (Valle del Cauca)
La evidencia obtenida indica que se presentaron actos ilícitos en la celebración de tres contratos, que ascendieron a 4.702 millones de pesos.
Se destacan las irregularidades presentadas en el contrato para la construcción de obras de estabilización de taludes en el sector conocido como Bélgica que tuvo un costo de 4.533 millones de pesos.
Lo firmado estuvo amparado bajo el decreto de calamidad pública en diciembre del año pasado. También se investiga la compra de una ambulancia por un valor cercano a los 215 millones de pesos.
Además, de un contrato para estudios de riesgo y diseños de obras de estabilización de terrenos por valor de 18 millones. En consecuencia, por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos a la alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca), Gloria Raigoza. Los cargos fueron aceptados por la mandataria, quien recibió medida de aseguramiento domiciliaria.
