Un informe de organizaciones sociales advierte sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el país. Es la primera publicación de una serie de informes sobre el intensificación de la guerra durante la denominada Patria Milagro.
“Son datos y hay que darlos”, es una aseveración de las personas cuando publican en las redes sociales, y esa frase es ahora muy pertinente para indicar que entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 se registraron más 35 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 197 heridos, mientras aumentaron el reclutamiento ilícito de menores y los confinamientos.
El Gobierno, por su parte, impulsa cambios en la política de seguridad y nuevas disposiciones para enfrentar las organizaciones armadas ilegales, pero ya rayando en recortar libertadas civiles y derechos fundamentales.
Y es que los primeros 90 días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella han estado marcados por un escenario de confrontación armada, ataques contra la Fuerza Pública, afectaciones a la población civil y controversias por las modificaciones introducidas a las reglas que regulan la protesta social.
Precisamente el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 deja cifras que generan preocupación entre organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, especialmente por el comportamiento de algunos indicadores relacionados con el conflicto armado.
El suroccidente colombiano y la región del Pacífico aparecen entre los territorios más afectados por las acciones de grupos armados ilegales, en medio de enfrentamientos con el Ejército y la Policía, ataques con explosivos, utilización de drones y disputas por el control territorial.
El balance también pone sobre la mesa un interrogante: ¿están dando resultados las medidas de seguridad implementadas por la nueva administración o se está profundizando la confrontación armada en diferentes regiones del país?
Uno de los datos más relevantes del informe es el registro de 111 acciones armadas entre el 7 de agosto y el 31 de octubre, un promedio superior a un hecho diario.
Entre las modalidades más recurrentes aparecen los ataques con drones cargados con explosivos, los hostigamientos y los enfrentamientos entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras armadas ilegales, particularmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Putumayo y Chocó, territorios donde persisten riesgos para las comunidades por la presencia y disputa de organizaciones armadas.
La situación resulta especialmente compleja en el Cauca, donde los ataques contra instalaciones policiales y militares, las amenazas a la población, los enfrentamientos y la utilización de artefactos explosivos lanzados desde drones se han convertido en parte del panorama de seguridad.
Dato preocupante: 35 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 197 heridos
Uno de los indicadores más delicados corresponde a las bajas sufridas por las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público.
De acuerdo con el balance del Ministerio de Defensa, con corte al 5 de noviembre de 2026, durante los primeros 90 días del gobierno De la Espriella fueron asesinados 35 integrantes de la Fuerza Pública y otros 197 resultaron heridos.
Las cifras incluyen tanto a integrantes de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional y reflejan la intensidad de los ataques contra los uniformados en diferentes regiones del territorio nacional.
Entre los episodios más graves registrados durante este periodo se encuentran los siguientes:
Buenos Aires, Cauca: murió el soldado Alejandro López Quintero.
El 26 de agosto, en la vereda Bellavista, zona rural del municipio de Buenos Aires, norte del Cauca, un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 5 dejó como resultado la muerte del soldado profesional Alejandro López Quintero.
En esa acción armada también resultaron heridos otros tres militares. El Ejército atribuyó preliminarmente el ataque a integrantes de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.
El hecho evidenció la vulnerabilidad de las unidades militares frente a una modalidad de ataque que viene siendo utilizada por organizaciones armadas ilegales en el suroccidente colombiano.
Otro episodio de especial gravedad ocurrió durante la noche del 4 de septiembre, cuando integrantes del Ejército de Liberación Nacional atacaron con drones cargados de explosivos el cantón militar El Trapiche, donde funciona el Batallón de Infantería número 15 General Francisco de Paula Santander.
Como consecuencia de esta acción armada murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez.
Los dos primeros fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que Marrugo Manjarrez murió posteriormente, luego de resultar gravemente herido.
El ataque también dejó otros uniformados lesionados, daños en las instalaciones militares y afectaciones a un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
También el 23 de octubre, un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones contra una patrulla naval en el río Guapi, en inmediaciones del sector de Bocas de Penitente, dejó como víctima mortal al infante de Marina profesional Edwin Andrés Vargas Londoño.
En el mismo episodio resultaron heridos otros cuatro integrantes de la Armada Nacional, quienes fueron evacuados hacia centros asistenciales de Cali.
Aunque inicialmente se señaló la posible participación de las disidencias de las Farc, la atribución definitiva de la responsabilidad debía ser establecida por las autoridades.
Estos tres episodios, ocurridos en Cauca y Norte de Santander, dejaron cinco integrantes de las Fuerzas Militares asesinados y ocho heridos. Son algunos de los hechos documentados que ilustran el costo humano de la confrontación durante el periodo evaluado.
La utilización de drones explosivos contra tropas desplegadas en operaciones militares se convirtió en una de las principales amenazas para las instituciones armadas, especialmente en regiones donde las organizaciones ilegales mantienen capacidad de movilidad y control territorial.
